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Desde programas económicos que cambiaron el signo de la moneda como el Plan Austral hasta el indulto a los genocidas procesados de la última dictadura. Desde el incremento de la edad jubilatoria hasta cambios en la Ley de ART que cerraron a los trabajadores el paso a los reclamos judiciales. Desde programas de endeudamiento, pasando por canjes y megacanjes hasta el corralito y el corralón. Todas esas y muchas otras medidas implementadas “en favor del pueblo argentino” fueron adoptadas por presidentes de la democracia por la vía del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y nunca objetadas por el Parlamento.
Los DNU han sido una amplia vía de legitimidad para aspectos controvertidos, por decirlo de algún modo, en la historia argentina. Y aquí algunas muestras, en la gestión presidencial de Carlos Menem: el ahorro forzoso de los plazos fijos, la actualización de la jubilación mínima, la desregulación de las obras sociales, la flexibilidad laboral (combo que incluyó el 21,5% de desocupación que generó esa decisión).
Bajo la presidencia de De la Rúa se trataron temas como la conmutación de penas de los presos del alzamiento de La Tablada; un plan de infraestructura; se amplió la edad de jubilación de 60 a 65 años; se modificó la Ley de Accidentes y Riesgos de Trabajo, impidiendo la vía judicial para reclamar una mayor indemnización por los accidentes laborales, beneficiando a las empresas en detrimento de los trabajadores; se aprobó la compra de equinos para que los mismos fueran obsequios diplomáticos y otras mieles. Sobre los DNU se discute hoy con una energía cuasi futbolística, pero sobre la cancha la disputa no encuentra adversarios sino enemigos.
El ministro de Economía, Amado Boudou, defendió la creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes, juntamente con la derogación del DNU que instituía el Fondo del Bicentenario (FoBic). “Los mercados reaccionaron bien y la política, no, porque los mercados entienden de este tema y la política, no”, dijo el ministro ante el escenario que se planteó horas después de que la Presidenta sorprendiera con su decisión.
“No entienden que la administración de un país es un tema serio, que hay que diseñar medidas e implementarlas con eficiencia, porque las medidas no hay que implementarlas el día anterior como uno no se puede poner el cinturón de seguridad justo antes de chocar”, dijo Boudou.
Y como suele suceder, si ésta es la historia reciente, eso quiere decir que hay otra historia, la cual podemos repasar: el eventual rechazo al Fondo del Bicentenario determinaba una situación inédita. Sería ésta la primera ocasión en la que el Congreso no habilitaría la sanción de un DNU al Poder Ejecutivo, sanciones que siempre tuvieron el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual respetó la convalidación del Parlamento para los DNU. El marco de discusión es amplio, con posturas a favor y en contra de tal proceder. Y frente a ello las estadísticas ofrecen datos concretos, mientras que los corrillos, los fuera de grabación y las miradas bajo el agua política plantean un país casi bizarro si se trata de contemplar con sentido común que el bien común también es general y tal meta hace a decisiones que muchas veces superan bancadas, ideologías o egos.
Un ejemplo está al alcance de la mano: el reclamo del Gobierno por la explotación petrolera en Malvinas –noticia que fue anticipo de este diario– cerró filas entre el oficialismo y sus adversarios. Entonces pasemos a los datos que ilustran este artículo sobre la base de información brindada por el Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP). De 1853 a 1983 se implementaron 15 DNU. De 1983 a 1989, 10. Entre 1989 y 1999 el máximo histórico de 545. Entre 1999 y el 2001 se rubricaron 73. Entre el 2002 y el 2003 se firmaron 158, con una tasa de 9,3 DNU por mes. Del 2003 al 2007 se emitieron 270 decretos, mientras que bajo la presidencia de Cristina Fernández tan sólo se rubricaron 10 DNU en veintiséis meses: 0,38 por mes.
En la consulta realizada a diversas fuentes, sobresalió un denominador común: se aprecian errores en cuanto a la forma decidida para llevar adelante el Fondo del Bicentenario desde la ingeniería política del Ejecutivo nacional, como también en la senda de analizar contextos que no son inocuos al caso de los DNU. Y aquí una muestra: jornadas atrás un operador político de la oposición brindo una infidencia off the record. Fue su lectura estratégica, pero ilustrativa del escenario actual: “Por estas horas, tanto Cristina como Néstor Kirchner podrían inventar la vacuna mágica contra la gripe A, y entonces nuestro objetivo sería denunciar que hubo un oscuro acuerdo con los laboratorios…”, semblanteó nuestro interlocutor y luego terminó su pocillo de café.
En ese terreno, paladares políticos aparte, está en juego no una discusión de sobremesa, ni siquiera la mayoría en el Congreso, si Juan Riquelme va al Mundial: hay miles de millones de dólares en reservas pero sin destino final decidido.
Otra huella, a consideración del senador Gerardo Morales, por estas horas "el pueblo Argentino le dijo a los Kirchner: ¡Paren, hasta acá llegaron!" así lo declaró a TN el jueves por la noche y la aseveración es rebatible, porque en el mismo terreno de las interpretaciones, válidas por ejercicio democrático, no se conoce la fecha en la que se realizó plebiscito alguno y la reacción positiva de los mercados en la víspera ante la nueva estrategia (léase del Fondo de Desendeudamiento Argentino) no deja demasiadas dudas.