Fue muy difundido el contrato de la Presidencia de la Cá mara de Diputados de la Provincia del Chaco con la firma Ecoambiental. La friolera de $ 540.000 por un contrato de 6 meses, en 6 pagos, conmovió a una parte de la opinión pública de nuestra provincia.
El informe 11/09 de la Contadora Susana Amos de Villán, Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Provincia aporta consideraciones de orden jurídico -independientes de la de orden político que oportunamente difundiéramos- que valen la pena resaltar.
El informe, remitido por Oficio 712 con fecha 01/06/2009, responde un requerimiento realizado por Resolución 208/09 cuya autoría corresponde a éste Bloque del Frente Grande.
Los aspectos mas salientes, y críticos, son los siguientes:
Los aspectos mas salientes, y críticos, son los siguientes:
1) De acuerdo a la normativa vigente para la contratación "correspondería la realización de una licitación pública" y no su encuadre en una emergencia -prevista por la normativa vigente-. La contratación fue encuadrada en esa emergencia sin vertir fundamento alguno para ello.
2) La modalidad de pago de anticipos sin certificación de tareas no está previsto en la normativa vigente. Los pagos parciales se realizaron sin certificar las tareas realizadas.
3) No se constató tarea de profesional y académicos.
4) De los 6 pagos de $ 90.000 realizados, en 4 de ellos las firmas del recibo no coinciden con las que obran en los respectivos convenios celebrados.
Modelo de Gestión
Sin lugar a dudas una contratación de las características de la realizada, a una Organización No Gubernamental sin antecedentes en la provincia, negando las que con residencia y antecedentes certificables se desempeñan en la Provincia, sin aplicar los procedimientos de contratación legales, por un monto de suma importancia en el presupuesto legislativo, sin mecanismos de certificación para verificar el grado de avance y en consecuencia realizar los pagos y con firmas de dudosa titularidad, evidencian el "modelo de gestión legislativa" de la Alianza Frente de Todos y su aliado menor el ARI del Chaco.
A ésta altura de los acontencimientos nos hacemos las siguientes preguntas:
¿Era necesaria una contratación de semejante importe para la Cá mara de Diputados?
¿Por qué la gestión aliancista despreció los especialistas, militantes y organizaciones sociales ecologístas de la Provincia, contratando una organización foránea sin antecedentes?
¿Por qué se han salteado las normas de contratación del Estado?
¿Quiénes cobraron los cheques abonados por la Cámara de Diputados? ¿Autoridades de Ecoambiental o no?
¿Con éstas finalidades la UCR y sus aliados pretende triunfar en las próximas elecciones? ¿Es el control republicano el fin de ganar las elecciones o el mero control del presupuesto legislativo para ser usado como botín político?
