Cronicas Chaqueñas

Ocho militares y un policía están acusados por el asesinato en un paraje de Resistencia de una veintena de militantes que estaban presos. Fue desalojado de la sala uno de los defensores condenado por estafa. Cecilia Pando hizo su show.
El rol protagónico le cupo ayer a Pujol, quien como defensor oficial en la etapa de instrucción presentó un famoso hábeas corpus que les permitió recuperar la libertad a los imputados y derivó en un juicio político a los camaristas chaqueños. Poco después de las nueve, el abogado pidió la palabra para decir que acababa de asumir la defensa de cuatro acusados y reclamó la suspensión del juicio para poder “conocer el expediente”. Con criterio práctico, el tribunal le advirtió que lo conocía de memoria y que podría repasarlo mientras continuara la lectura de la elevación.
A las cuatro de la tarde, tras el cuarto intermedio para el almuerzo, Pujol volvió a la carga: planteó que en realidad no había aceptado aún el cargo de defensor y que se tomaría “unos días” para hacerlo. La advertencia generó la inmediata reacción del fiscal general Javier de Luca, quien viajó a Chaco para respaldar a sus colegas luego de obtener la condena de Bignone & Cía. por crímenes en Campo de Mayo. De Luca exigió en primer término que si Pujol no era defensor no volviera a hacer uso de la palabra. Luego, alertado por los fiscales chaqueños, recordó que Pujol tiene una condena firme del Superior Tribunal de la provincia por robarle una indemnización a un cliente y, en base al antiquísimo artículo 364 del Código Procesal Penal, recordó que como condenado no podía presenciar la audiencia. El papelón concluyó con Pujol mudo, saliendo de la sala por una puerta lateral ante la mirada atónita de los imputados, que por el momento seguirán en manos del defensor oficial Juan Manuel Costilla.


La audiencia inicial del juicio, que continuará hoy, se desarrolló durante casi siete horas, con un cuarto intermedio de tres. El único episodio para lamentar tuvo lugar al mediodía, cuando la policía provincial avanzó a empujones con sus escudos para dispersar a los manifestantes que intentaron acercarse al camión del Servicio Penitenciario Federal que trasladó a los imputados a almorzar en la cárcel.

La lectura de la requisitoria del fiscal Gustavo Corregido fue seguida con atención tanto por familiares de las víctimas como por una treintena de allegados a los acusados, entre quienes se encontraba la apologista de la dictadura Cecilia Pando. No bien ingresó al recinto, Pando reiteró ante los periodistas que “todos estos juicios son ilegales” porque “se están violando garantías, se aplica la ley con retroactividad”, y afirmó que “los crímenes de lesa humanidad no existen”.

Los ocho militares acusados (Horacio Losito, Jorge Carnero Sabol, Athos Gustavo Rennes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patteta) y el único policía (Alfredo Chas) se ubicaron a la izquierda del tribunal, detrás de una fila de penitenciarios con boinas y chalecos antibalas. El único con experiencia en procesos orales es Losito, condenado a 25 años de prisión como autor de crímenes de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. El gran ausente fue Norberto Raúl Tozo, quien se fugó luego de la liberación concedida por la Cámara Federal chaqueña y ahora está preso en Brasil, mientras se sustancia a paso lento el trámite de extradición.

Ante la posibilidad de que se colmara la sala, con capacidad para un centenar de personas, el tribunal instaló una pantalla en un ambiente contiguo, con sesenta sillas, y otra en la vereda de la calle Yrigoyen, que ayer estuvo repleta de militantes de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles con banderas y pancartas con las fotos de los fusilados. También se pintaron en la calle siluetas con los nombres de los ejecutados.

El titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Emilio Goya, calificó la jornada como “histórica”. “Creo que esto es mérito del gobierno nacional, con un fuerte acompañamiento del gobierno provincial, pero sobre todo es el trabajo consolidado que realizan los organismos de derechos humanos que hace más de veinte años bregan por la memoria, la verdad y la justicia”, manifestó Goya, miembro de Hijos Chaco. En representación del gobierno de Jorge Capitanich estuvieron los ministros de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; de Educación, Francisco Romero; la presidenta del Instituto de Cultura, Silvia Robles, y el subsecretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela, los dos últimos ex presos políticos durante la dictadura.

Al empresario santacruceño Lázaro Báez le gusta volar. Para eso sumó a su flota un nuevo chiche: una aeronave Rockwell 690 B Turbo Comander, matrícula LV-MBY que era propiedad del gobierno de Chaco . La empresa que se encargó de la compra del avión es la firma Top Air SA, una firma de taxi aéreo vinculada a Baez y que sólo tiene en su flota, los dos aviones del empresario: un Lear Jet 35 y Mitsubishi MU-2 Marquise. Esta compañía sólo se dedica a la logística de los movimientos de Báez, el empresario con más llegada al matrimonio presidencial.
La compra del avión generó revuelo en la provincia de Jorge Capitanich. El diputado nacional de la UCR, Carlos Urlich, acusó al gobernador de vender el avión por “una suma irrisoria”. “La maniobra habría comenzado a gestarse a partir de un decreto de Capitanich, el número 461 del 2009, cuando pasó el avión al fideicomiso de la casi desaparecida Aerochaco”, dijo Urlich. Según el diputado, una comisión técnica fijó el valor del avión en 750 mil dólares. Capitanich le entregó el avión a la Fiduciaria por 320 mil dólares .
Desde Río Gallegos afirmaron que el directorio de Top Air aprobó la compra. Según lo confirmado por este diario la venta se estableció en 150 mil dólares a pagar en tres cuotas. “Se armó una comisión para degradar el valor del avión. Fiduciaria del Norte no se ajusta a los regímenes licitatorios. Lo vendió en 150 mil dólares. Esto fue direccionado para que lo compre Báez”, agregó Urlich.
El círculo de Báez aseguran que se ganó una licitación de la Fiduciaria de la que participaron, entre otros, la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y la empresa Benito Roggio.

El diputado nacional Carlos Urlich presentó un proyecto de ley por el cual propone extender los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecidos en la ley 22.021, a las empresas industriales efectivamente radicadas en la provincia del Chaco.
Además, prevé la creación de un Fondo de Reciprocidad para el resto de las provincias de la Región Nordeste (NEA) tendientes a reparar el perjuicio sufrido por esas jurisdicciones como consecuencia del lucro que se genere por la aplicación de los regímenes de promoción industrial en la provincia del Chaco.
El proyecto establece además que el Fondo que se crea a través de la iniciativa “será destinado exclusivamente al financiamiento de construcción de escuelas y equipamiento escolar dentro de los territorios de dichas provincias”.
El diputado Urlich recordó que a través del decreto 699/10 el Ejecutivo Nacional prorrogó por dos años los cupos no vencidos de la promoción industrial acordada en el marco de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones y extensiones en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, y amplió por quince años más las desgravaciones impositivas a nuevos proyectos que se radiquen en esa zona.
Señaló, también, que la Presidenta de la Nación “en innumerables ocasiones reconoció que el atraso del NEA se debe exclusivamente a una visión geopolítica del país que resolvió no desarrollar esta región ante la posibilidad de un conflicto bélico con Brasil, Paraguay y Uruguay. Todo apuntaba a un cambio, pero lamentablemente no se lograron revertir las políticas que se tomaron hace años y generaron el cierre de varias plantas que estaban instaladas en la provincia”.
Remarcó que la región Nordeste (NEA) y especialmente la Provincia del Chaco, “se encuentra históricamente al margen de la intervención, orientación y del auxilio del Estado Nacional para participar del crecimiento económico”, y al rescatar aspectos del proyecto presentado, Urlich destacó que el Fondo de Reciprocidad, cuya creación se propone “solventar el sacrificio impositivo soportado” por otras provincias, como Mendoza, y remarco que “desde hace varios años los empresarios del Chaco solicitaron a la Nación políticas diferenciales, entre ellas contar con un régimen de promoción para las cadenas productivas locales”
“Varias inversiones que estaban previstas se han frenado por el decreto nacional conocido un día después del Bicentenario”, alertó Urlich, quien agregó que “la reparación histórica del Norte Grande no debería convertirse en una utopía” y sostuvo que “fuimos siempre solidarios con nuestros hermanos argentinos y soportamos innumerables cargas para alentar la hermandad entre las provincias, pagamos durante veinte años las inversiones eléctricas de Santa Cruz cuando ni siquiera hoy tenemos red de gas, imprescindible en los proyectos industriales, y nunca nos opusimos a los regímenes diferenciales de las cuales son beneficiarios los habitantes de la Patagonia que no sufren nuestros alarmantes índices de pobreza”.
“Por ejemplo debemos mencionar que la posibilidad añorada de contar con una aceitera que industrialice las oleaginosas producidas en el Chaco nuevamente quedó aplazada por un tiempo indefinido o librado a un hecho fortuito. Los industriales chaqueños solo piden competir en iguales condiciones con otras regiones del país que pagan menos IVA y Ganancias, para tener posibilidades reales de importar maquinarias con franquicias. Es vital revertir el olvido que padecen las Provincias del NEA, especialmente la chaqueña, porque necesitan contar con una industria competitiva para poder seguir creciendo y salir del subdesarrollo”, concluyó Urlich.
PROYECTO DE LEY

Exp. 3751-D-10
El Senado y Cámara de Diputado de la Nación, etc . . .

Artículo 1º Extiéndanse los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), acordados en el marco de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones y extensiones, a las empresas industriales efectivamente radicadas en la Provincia del Chaco.

Articulo 2º Créase un Fondo de Reciprocidad para el resto de las provincias de la Región Nordeste (Nea) tendientes a reparar el perjuicio sufrido por esas jurisdicciones como consecuencia del lucro que se genere por la aplicación de los regímenes de promoción industrial en la Provincia del Chaco.
Articulo 3º El Fondo creado por el artículo segundo, será destinado exclusivamente al financiamiento de construcción de escuelas y equipamiento escolar dentro de los territorios de dichas Provincias .
Artículo 4º El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación para el financiamiento del fondo de reciprocidad y designará la Autoridad de Aplicación que administrara el mismo dentro de los noventa días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Articulo 5º De forma.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 699/10 del gobierno nacional, prorrogó por dos años los cupos no vencidos de la promoción industrial acordada en el marco de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones y extensiones en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, y amplió por quince años más las desgravaciones impositivas a nuevos proyectos que se radiquen en esa zona.
La promoción permite la exención del impuesto a las ganancias del proyecto, la exención de aranceles de importación y del IVA de bienes de capital o de sus partes, para el proyecto, la liberación del pago del IVA y para los inversionistas, diferimiento de impuestos o deducción de Ganancias.
La presidenta de la Nación en innumerables ocasiones reconoció que el atraso del NEA se debe exclusivamente a una visión geopolítica del país que resolvió no desarrollar esta región ante la posibilidad de un conflicto bélico con Brasil, Paraguay y Uruguay. Todo apuntaba a un cambio, pero lamentablemente no se lograron revertir las políticas que se tomaron hace años y generaron el cierre de varias plantas que estaban instaladas en la provincia.
La región Nordeste (NEA) y especialmente la provincia del Chaco, se encuentra históricamente al margen de la intervención, orientación y del auxilio del Estado Nacional para participar del crecimiento económico.
En este contexto se requiere utilizar herramientas de promoción industrial que favorezcan una urgente iniciativa para ir revirtiendo en el mediano y largo plazo el deterioro de territorios sin respaldo para nuevas inversiones y de la tendencia estructural del sub-desarrollo industrial que se da en esta región.
Estas herramientas a veces crean una distorsión en la competencia para las provincias que integran la región económica y no son beneficiarios de las exenciones impositivas que el régimen de promoción otorga, este es el caso en la actualidad de la Provincia de Mendoza con respecto al decreto del Poder Ejecutivo 699/2010. Esta medida generó una ola de reclamos contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras provincias que ya se pronunciaron en contra está Mendoza. El medio grafico Clarín publico en su edición del 30 de mayo que Mendoza pide eliminar la promoción industrial. Mendoza se puso en pie de guerra contra la Nación por la extensión de los beneficios de la promoción industrial en provincias vecinas y presentara un recurso de amparo porque dice que así pierde inversiones destaco el mismo medio informativo.
El Fondo de reciprocidad que crea la presente ley tiene como fin solventar el sacrificio impositivo soportado por provincias como Mendoza, de hecho la idea se desprende de diferentes iniciativas presentadas y reproducidas por legisladores mendocinos como el expediente 5785-D-2008 presentado por el diputado De Marchi.
Desde hace varios años los empresarios del Chaco solicitaron a la Nación políticas diferenciales, entre ellas contar con un régimen de promoción para las cadenas productivas locales. También reclamaron que la Nación le otorgue la posibilidad de compensar a los aportes patronales con créditos fiscales. Se esperaba que algunos de los pedidos pudieran prosperar, pero esto nunca fue así.
Varias inversiones que estaban previstas se han frenado por el decreto nacional conocido un día después del Bicentenario. Para los chaqueños fue una noticia muy negativa porque se frenara parte de los capitales que iban a llegar al Chaco. Al menos dos fabriles no concretarán la expansión que tenían planificada. Varios textiles importantes de la región mencionaron en su momento que de no contar con las promociones fiscales sería imposible concretar las millonarias inversiones que se plantearon desde otras fabriles argentinas que si cuentan con estos regímenes.
La reparación histórica del Norte Grande no debería convertirse en una utopía chaqueña.
Fuimos siempre solidarios con nuestros hermanos argentinos y soportamos innumerables cargas para alentar la hermandad entre las provincias , pagamos durante veinte años las inversiones eléctricas de Santa Cruz cuando ni siquiera hoy tenemos red de gas imprescindible en los proyectos industriales, y nunca nos opusimos a los regímenes diferenciales de las cuales son beneficiarios los habitantes de la patagonia que no sufren nuestros alarmantes índices de pobreza.
La posibilidad añorada de contar con una aceitera que industrialice las oleaginosas producidas en el Chaco nuevamente quedó aplazada por un tiempo indefinido o librado a un hecho fortuito.
Los industriales chaqueños solo piden competir en igual de condiciones con otras regiones del país que pagan menos IVA y Ganancias, y que puedan importar maquinarias con franquicias. Debemos revertir este olvido de la provincia chaqueña que necesita contar con una industria competitiva para poder seguir creciendo y salir del subdesarrollo.
Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe el presente proyecto de ley.